Magrudis solo tiene un seguro de 300.000 euros para cubrir las indemnizaciones
La jueza amplía la investigación a la empresa responsable de La Mechá por delitos contra la salud pública y lesiones, tal y como pidió la organización de consumidores Facua
El juzgado que investiga a la empresa Magrudis, responsable de la carne La Mechá, que ha ocasionado el mayor brote de listeriosis en España, ha ampliado la querella contra los administradores de la empresa a los delitos contra la salud pública y lesiones.
Así consta en el auto firmado por la jueza Pilar Ordóñez, atendiendo la petición de la organización de consumidores Facua de que se amplíen los delitos investigados. El auto informa de que la empresa de seguros AXA se ha personado en calidad de responsable civil directa, como aseguradora de la póliza que tenía Magrudis. Según la información que consta en el sumario, que alcanza ya los dos tomos, esta póliza solo alcanza una cobertura de 300.000 euros.
La cantidad es menor, atendiendo a las indemnizaciones que podrían pedir por el brote de listeriosis que activó una alerta sanitaria el pasado 15 de agosto y que se ha saldado, de momento, con 215 infectados, según el último parte oficial de la Consejería de Salud, de los que 21 continúan hospitalizados a día de hoy, siete embarazadas. El brote se ha cobrado tres vidas y ha ocasionado siete abortos, según datos oficiales.
30 años de vacío legal
Facua ya advirtió en su día de que no se ha cumplido el mandato legal de que las empresas alimentarias tengan un seguro. Es una de las reformas legales que exige de forma urgente: 35 años después de la promulgación de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, ningún Gobierno ha desarrollado su artículo trigésimo, que estableció que «el Gobierno, previa audiencia de los sectores interesados y de las asociaciones de consumidores y usuarios, adoptará las medidas o iniciativas necesarias para establecer un sistema obligatorio de seguro y fondo de garantía que cubran, para sectores determinados, los riesgos de intoxicación, lesión o muerte derivados del mal estado de los productos, servicios o actividades».
En 2007, se actualizó la citada norma (Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre) y en su artículo 131 incorporó un texto muy similar al de la ley original de 1984. En el primero, se indicaba que el Gobierno “adoptará las medidas o iniciativas necesarias”, y en de 2017, que “podrá establecer” los citados sistemas de seguro y fondo de garantía. Actualmente, ninguna empresa alimentaria está obligada a tener un seguro de responsabilidad civil de una cuantía determinada.
En estas circunstancias, Facua advierte de que la única manera de que se pudieran cobrar indemnizaciones pasa por que se pida responsabilidad patrimonial de las administraciones, lo que conllevaría por ejemplo que la Junta de Andalucía se hiciera cargo de resarcir a los afectados. Ese momento procesal no ha llegado.
La organización de consumidores, que fue de las primeras en demandar a Magrudis, ve también responsabilidades penales de sus administradores por homicidio y aborto, aunque esos delitos no se contemplan, de momento, en el auto judicial.
Positivo en febrero
La jueza también une a la causa el informe aportado por el Grupo Microal, Técnicos en Agroalimentación, que según su web se dedica al control de calidad e investigación. La documentación versa sobre el informe, aportado por la empresa, que acredita que ya hizo, por encargo de los propietarios, un análisis el pasado mes de febrero que dio positivo en contaminación en listeria. Magrudis no comunicó el positivo a las administraciones ni actuó en consecuencia.
No hay que olvidar que el Gobierno andaluz ha mandado varias muestras al Centro Nacional de Microbiología para rastrear el origen del brote de listeriosis. Hay casos de enfermos en marzo con la misma cepa de la enfermedad de la que estaba contaminada La Mechá de Magrudis. Los lotes de carne contaminada podrían haber estado meses en el mercado antes de que estallara el brote de la enfermedad.
La jueza une también las diligencias abiertas en la Fiscalía Superior de Andalucía tras las denuncias de la Asociación del Defensor del Paciente y de la Asociación Justicia por la Sanidad.
Las irregularidades que han aflorado sobre la empresa Magrudis desde que estalló el caso son numerosas. Se dio de alta en 2013 en el Registro Mercantil pero no contó con certificado de sanidad hasta 2015, no tuvo licencia municipal de apertura hasta tres años después, nunca tuvo certificado como industria agroalimentaria, hizo obras en la fábrica sin licencia y tuvo constancia de listeriosis en su planta sin actuar.
Fuente: El Confidencial
