El Tribunal Supremo reitera su doctrina legal con la sentencia nº 910 de 24 de junio de 2021
El Tribunal Supremo reitera su doctrina legal con la sentencia nº 910 de 24 de junio de 2021, reconociendo a los funcionarios públicos el “principio de indemnidad” de modo que quien sufra por causa de su actuación pública, o con ocasión de ella, un daño, sin mediar dolo o negligencia por su parte, debe ser resarcido por la Administración, cuando el autor material haya sido declarado insolvente.
El Alto Tribunal ampara las pretensiones de un agente de la Policía Nacional que sufrió lesiones en ejercicio de sus funciones causadas por quien después fue declarado insolvente, mediante el principio del resarcimiento o de indemnidad, principio general que rige para los empleados públicos.
