Seguro de Riesgo Político y Seguro de Violencia Política

El número de casos de violencia derivada de conflictos sociales y sus consecuencias en forma de daños a los bienes es un motivo más de preocupación para la sociedad en un contexto ya de por sí convulso. Sucesos como los recientes de Perú, los disturbios de Chile en 2019, las protestas de los chalecos amarillos en Francia, guerras… En la mayoría de los casos, estos sucesos tienen motivaciones políticas.

Por otra parte, observamos también que las decisiones de los gobiernos condicionan los proyectos empresariales, más cuando son unilaterales por no decir populistas. En México, la nueva regulación del sector eléctrico prima la generación de empresas públicas sobre la de inversores privados. Esta decisión también tiene motivación política.

¿Cuándo hablamos de riesgos políticos y cuándo no?

En el caso de España y para los daños causados a bienes situados en España por motivos violentos es el Consorcio de Compensación de Seguros quien se hace cargo. Pero qué pasa si la empresa española tiene bienes en países en conflicto o por ejemplo en Perú, donde en 2020 el presidente fue ‘expulsado’ con violencia o en Chile donde las protestas de 2019 se saldaron con episodios vandálicos, incendios y daños a las infraestructuras.

Riesgo Político y Violencia Política

Para muchas empresas españolas con intereses fuera de España y, sobre todo, en Latinoamérica la naturaleza impredecible de estos eventos de violencia política pone en riesgo sus activos, su negocio. Sin embargo, no es lo mismo violencia política que riesgo político.

Riesgo político es, por ejemplo, cuando un gobierno cambia sus políticas y regulaciones de manera que impacte significativamente en la forma en que una empresa puede hacer negocios en dicho país. Por ejemplo, un cambio en la legislación que restrinja las exportaciones y que afecta a la capacidad de exportar de una empresa que ha establecido un centro de producción.

La violencia política son actos derivados de protestas con motivación política que, en sentido amplio, incluirían el sabotaje, el terrorismo, los disturbios… y hasta la guerra y que causan un daño a los bienes de una empresa o a terceros bajo su responsabilidad o interrumpen su actividad.

Cubriendo la inestabilidad

Ambos tipos de riesgos son difíciles de prever. En un contexto geopolítico volátil las decisiones políticas pueden impactar tanto a nivel social, donde la violencia política es una amenaza real para los activos de las empresas como a nivel regulatorio e incluso estratégico donde las empresas pueden ver su funcionamiento, sus operaciones o su financiación afectados.

Las soluciones que mitigan el riesgo político para empresas básicamente son para proteger las inversiones o los contratos. Las pólizas de inversión mitigan el “Riesgo País” que se materializa en: (i) la expropiación, (ii) la falta de transferencia o conversión de fondos al extranjero (ya sean dividendos, amortización de préstamos intra-grupo, etc), (iii) el incumplimiento de acuerdos de inversión por parte del gobierno local y (iv) los daños a los activos por eventos de violencia política (pudiendo añadir la pérdida de beneficio). En cuanto a los contratos internacionales, ya sean de importación como de exportación, están expuestos a eventos de riesgo político que pueden afectar en el periodo previo a la facturación (pre-embarque), como una vez realizada la facturación: riesgo de “post-embarque”. En este periodo se cubre el riesgo de crédito (deudor privado) o de riesgo político cuando el deudor es una entidad gubernamental (soberana o no soberana).

Un contrato internacional puede verse afectado por eventos como la cancelación de la licencia de importación/exportación, el embargo comercial, imposición de sanciones comerciales, eventos de violencia política y acciones del gobierno local que pueden impedir el desarrollo del mismo (el mencionado periodo pre-embarque) y que pueden ser objeto de cobertura de las pólizas de rescisión contractual. A estas coberturas podemos añadir la ejecución (debida o indebida) de avales. Por otro lado, la cobertura de violencia política protege tanto de los daños como de la responsabilidad y de la pérdida de beneficio a consecuencia de ciertos eventos cuando derivan en violentos (protestas, disturbios, huelgas, motines) así como actos predeterminados para causar daños como el terrorismo, los sabotajes, el crimen organizado e incluso las guerras para lo que además de la compensación económica se cuenta con servicios asociados que se realizan por expertos localizados en los países donde existe la cobertura. En estos casos es importante entender los riesgos de cada zona, monitorizar las noticias y tendencias para poder reportar sobre los riesgos potenciales y tener capacidad de responder con rapidez ante un incidente.

Las coberturas de Violencia Política deben ser parte del programa convencional de seguros de una empresa con activos localizados en el extranjero, mientras que las coberturas de Riesgo Político son un instrumento de apoyo para la toma de decisiones estratégicas de inversión o exportación. Las primeras están orientadas a la protección de los activos de manera convencional y las segundas tienen un carácter estratégico pues facilitan la toma de decisiones empresariales de inversión o exportación.

¿Qué podemos hacer?

Los productos de AXA XL cubren las consecuencias de las decisiones gubernamentales que afectan tanto al funcionamiento / viabilidad de una empresa que priven de los derechos económicos de la inversión (capital invertido o flujos de fondos) o menoscaben sus intereses financieros (monetario o físico) o contractuales (Seguro de Riesgo Político), como los daños a los activos, la responsabilidad y el cese temporal del negocio a consecuencia de Sabotaje y Terrorismo, Huelgas, Disturbios, Conmoción Civil y Daños Maliciosos, Insurrección, Rebelión, Motín, Guerra y Guerra Civil y Golpe de Estado (Seguro de Violencia Política).

 

 

FUENTE: AXAXL

Jose Luis Gómez Banovio & Santiago Herrero

Head of Specialty – Iberia Underwriter Manager – PRCB