Recomendaciones en materia de pensiones de Willis para dar sostenibilidad al sistema
Mantener el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) como indicador de referencia con límites mínimos y máximos en su aplicación, endurecer las condiciones para acceder a la jubilación parcial y retrasar la edad legal de jubilación son algunas de las medidas propuestas por los expertos del Observatorio de Pensiones de Willis Towers Watson y el Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social de la Universidad de Valencia y Extremadura. Son, en su opinión, medidas indispensables para dotar de sostenibilidad al sistema de pensiones español.
Los datos, ahora
Tras la ejecución presupuestaria del tercer trimestre del 2018, el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) para el 2019 mejora los datos con respecto a los de hace un año. Si en 2018 este indicador se situaba en un -2,58%, el último informe que presentaron lo fija en un -2,38%. Esta mejora indica un mejor escenario en el sistema de pensiones español como consecuencia de un aumento de gastos previsto para el 2018 (4,7%) inferior al aumento de ingresos previsto (5,8%). Este saldo positivo ha sido posible por la novedosa transferencia corriente de casi 1.334 millones de euros del Estado, bajo el supuesto de que se consolidará en el futuro. En cualquier caso, el valor de -2,38% no deja de ser preocupante en lo que a sostenibilidad financiera del sistema de pensiones se refiere, sobre todo cuando la Administración contempla volver a situar al IPC como índice de revalorización, sin una clara estrategia de aumento de ingresos.
El saldo del Sistema de Seguridad Social por operaciones no financieras arroja un déficit anual tras el tercer trimestre de 2018 (octubre 2017-septiembre 2018) de 18.195 millones de euros, equivalente a un 1,52% del PIB, mejorando respecto del déficit anual del trimestre anterior (julio 2017-junio 2018) que se situaba en un 1,54% del PIB.
Este saldo considera las transferencias recibidas del Estado (13.830 millones en 2018) y la utilización del Fondo de Reserva (3.000 millones en 2018). Por lo tanto, la realidad es que el déficit anual contributivo, resultado de introducir ajustes en los ingresos y gastos por operaciones no financieras para excluir los ingresos y gastos no contributivos y las transferencias internas, ha subido hasta 19.795 millones de euros, equivalentes al 1,65% del PIB, empeorando respecto del déficit anual del trimestre anterior que alcanzó un 1,58% del PIB.
5 recomendaciones
Ante este preocupante panorama, las recomendaciones para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones a medio y largo plazo de los expertos del Observatorio Willis Towers Watson y el Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social de la Universidad de Valencia y Extremadura son:
1. Mantener el IRP como indicador de referencia y luego establecer límites mínimos y máximos en su aplicación que estén vinculados al IPC, por ejemplo, un intervalo IPC más/menos un diferencial.
2. En caso de abandonar totalmente el IRP, modular el IPC teniendo en cuenta variables últimas del sistema de pensiones, como ingresos y gastos contributivos, mejor que variables intermedias como número de cotizantes, número de pensionistas, o variables macroeconómicas como el crecimiento del PIB.
Según, Gregorio Gil de Rozas, Head of Retirement de Willis Towers Watson, “la aplicación del IRP sin topes permitiría ajustar los gastos a los ingresos del sistema paulatinamente, a cambio de no garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo, si bien se espera una rápida mejora de este en los siguientes años”
3. Para la toma de decisiones es mejor atender siempre al déficit de fondo, el contributivo, y no al déficit aparente, por operaciones no financieras.
4. Endurecimiento de las condiciones para el acceso a la jubilación parcial que, además de suponer un coste medio de 2.439 millones de euros anuales, es un elemento de inequidad, ya que beneficia mayoritariamente a individuos con salarios altos y vidas laborales completas.
5. Además de retrasar la edad efectiva de jubilación, retrasar también la edad legal, y acompañar este incremento con medidas complementarias, (como podría ser el incremento de los ingresos sin un aumento importante del tipo de cotización. El ahorro de retrasar 1 año la edad efectiva de jubilación sería del 0,9% del gasto en pensiones contributivas de jubilación, es decir, 691 millones de euros anuales equivalentes a un 0,06% del PIB actual. Si, además, se añadiera el retraso de 1 año en la edad legal de jubilación se obtendría un ahorro de un 0,29% del PIB. “Aunque la realidad es que con un déficit contributivo actual del 1,65% del PIB, para abordar este déficit únicamente con una medida de este tipo, habría que aumentar la edad legal y efectiva en 5 años”, comenta Gil de Rozas.
