Adiós al papeleo, bienvenido el expediente judicial electrónico
El único expediente será el digital y las demandas masivas podrán ser automatizadas. Fueron algunas de las ideas que se plantearon en el segundo encuentro para el análisis del Anteproyecto de Eficiencia Digital organizado por Wolters Kluwer
La estampa de juzgados repletos de papeles y con largas colas en los pasillos será cosa del pasado. Los funcionarios de los órganos judiciales podrán centrarse en tareas que aporten valor y mejoren la eficiencia de los tribunales, dejando atrás procesos repetitivos. El único expediente será el digital, las vistas presenciales se reducirán a las estrictamente necesarias y el teletrabajo será la tónica común en la Administración de Justicia. Algunos pleitos como procesos monitorios o cláusulas suelo serán cada vez más telemáticos y automáticos.
Estas fueron algunas de las previsiones que se lanzaron en el II Encuentro sobre la transformación digital de la justicia, organizado por Wolters Kluwer y presentado por Ana María Gómez Megías, responsable del área de publicaciones de Derecho privado de la casa. La mesa redonda fue moderada una vez más, por Álvaro Perea, letrado de la Administración de Justicia y coordinador de la sección «Diálogos para el futuro judicial» de Diario La Ley.
El ejemplo de Madrid
Verónica Ezcurra Atayde, letrada de la Administración de Justicia y secretaria coordinadora provincial de Madrid, expuso que la transformación digital es un proceso que comenzó con la implantación de Lexnet en 2016 y que, en su opinión, hoy ya supone una revolución «irreversible» que ya es papable en regiones como en Madrid. Según su previsión, los expedientes judiciales electrónicos serán los únicos disponibles en unos años. En esta revolución «la transformación digital debe tener la finalidad de mejorar la eficiencia», remarcó.
Bajo su experiencia, los partidos judiciales que han implantado métodos digitales recogen por el momento «resultados esperanzadores». «El tiempo y los recursos ahorrados no se pueden cuantificar», asegura.
En la región de Madrid, donde ella es coordinadora, se ha permitido que el 30 por ciento de la plantilla teletrabaje «siempre que lo permita el Letrado de la Administración de Justicia». También se ha dado luz verde a la entrega de 4.000 portátiles a jueces, fiscales, letrados de la administración de justicia y otros funcionarios con el objetivo de consolidar el expediente judicial electrónico. La firma digital está implantada en el 95 % de los casos y desde el 1 de enero algunos juzgados madrileños ponen en práctica políticas de papel cero.
«Uno de los éxitos de la unidad de transporte aéreo del juzgado 101 es que el primer emplazamiento se hace en digital con las compañías que han firmado el protocolo», remarcó la letrada. Este avance, aún limitado a ciertos juzgados, en opinión de la funcionaria puede suponer una fórmula perfecta para reducir dilaciones indebidas en los procedimientos, tan comunes cuando el órgano tiene problemas para comunicar a las partes ciertos actos.
Controlar el acceso a los datos
En su intervención, Lorena Pérez Campillo, profesora de Legal Tech en ESADE-MID, subrayó la idea de que el objetivo primordial de la revolución tecnológica es «mejorar en eficiencia». «Hay que optimizar, reducir costes y tiempos», recalcó.
En su opinión, conseguirlo será más fácil en aquellos pleitos donde exista más volumen de datos y puedan identificarse patrones que se repiten. Es el caso, señaló como ejemplo, de las reclamaciones hipotecarias o los procesos monitorios. La automatización de estas reclamaciones «en masa», asegura, beneficiará tanto a los despachos como a los juzgados.
Aunque hay esperanza, Pérez lamenta que una de las asignaturas pendientes de la justicia española sea aún la creación de una aplicación móvil que ayude a mejorar la «comunicación externa» de la Administración. Este avance ya existe en algunos países de Latinoamérica. En cuanto al desarrollo de tecnología predictiva, remarca la importancia de la automatización para facilitar la labor de los magistrados: «Si hubiese una herramienta para facilitar y ayudar a través de la Inteligencia Artificial en el cálculo de las penas más complejas facilitaríamos que el juez se pueda dedicar a otros asuntos de más relevancia, como la valoración de la prueba».
En esta dirección, un campo donde existen avances en la aplicación exitosa de la Inteligencia Artificial es la textualización de los videos, algo muy útil para transcribir actos que son grabados. Pérez Campillo afirma que esta tecnología «ya ayuda mucho en la labor de los magistrados».
La cancelación automática de antecedentes penales puede ser otro de los grandes filones tecnológicos. La experta en protección de datos, no obstante, llama a la cautela. Si bien, en su opinión, el anteproyecto del ministerio es «ambicioso y necesario», recuerda que para llevar a cabo todo lo que se propone hace falta dinero y formación.
En el ámbito de la protección de datos, la experta ve esencial que el legislador garantice la privacidad de los ciudadanos. En especial cuando la digitalización de datos tan sensibles como el historial criminal o los datos médicos pueden estar en juego. «¿Y si nuestro expediente judicial electrónico acaba en el mercado negro?», planteó.
En este sentido, para la profesora es esencial que se garantice la vigilancia del acceso a los datos privados por parte de los trabajadores públicos. En otras palabras: que no cualquiera pueda acceder a las informaciones y sólo se haga de una forma reglada y justificada.
La importancia del procurador
Por su parte, el procurador Ignacio de Anzizu Pigem puso en valor el papel de la procura en la transición digital que se plantea. En su opinión, la pandemia ha traído avances de gigante a la mejora de la comunicación con las oficinas judiciales, donde se ha pasado de un escenario donde «había juzgados que no contestaban el teléfono», a una nueva realidad post pandemia donde «ahora incluso contestan un mail».
Su temor es que esta excesiva digitalización acabe por crear una justicia «alejada del profesional y del ciudadano», donde la regla sea el trámite online. La brecha digital existe, remarca, y debe ser valorada: «Si la digitalización es una excusa para cerrar la puerta de los juzgados es un gran error».
En cuanto a la llegada de los jueces robots, De Anzizu se mostró escéptico y lo calificó como algo más propio de la ciencia ficción. Sí destacó, en cambio, las posibilidades de la robótica en otras tareas que ya se están estudiando en los juzgados. Como el desarrollo de sistemas de avisos automáticos de fin de plazos. O el uso de plantillas enriquecidas, que puedan valorar las alegaciones de las partes de forma automática y faciliten el trabajo del juez.
En cuanto al Anteproyecto del ministerio, el procurador valora la puesta en valor del principio general de orientación al dato. Coincidió con Verónica Ezcurra y destacó que, en un futuro, el único expediente judicial disponible será el digital.
Para De Anzizu, en este cambio de paradigma, el procurador se perfila como el profesional del dato que orienta al cliente en todos los procesos digitales. «En aquellos asuntos donde no somos preceptivos, como monitorios, cada vez nos piden más nuestra intervención porque las gestiones telemáticas son mucho más complicadas», aseguró.
