El Supremo ve usura en los préstamos de las tarjetas revolving con un interés por encima del 20%
El alto tribunal asevera que las entidades no pueden justificar el alto interés que le aplican a estos créditos en el mayor riesgo de impago de los clientes porque «la concesión irresponsable» de préstamos con tipos superiores que sobreendeudan a los consumidores no pueden ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico.
WiZinK elevó el caso al Supremo después de que el Juzgado de Primera Instancia fallara inicialmente en su contra y después lo hiciera la Audiencia Provincial. Ahora el alto tribunal, rechaza el recurso de casación de la entidad y, por tanto, WiZink tendrá que devolver al cliente todos los intereses pagados por el préstamo.
Según la Sala, la regulación en España en materia de usura tiene más de un siglo de vigencia y utiliza «conceptos claramente indeterminados» como los de «interés notablemente superior al normal del dinero». A su juicio, en el caso de WiZink, y puesto que el tipo medio se sitúa en el 20%, fijar unos intereses que exceden el 27% ha de considerarse como «notablemente superior». No obstante, apostilla que el tipo medio del 20% «es ya muy elevado».
Llamada a los clientes a la acción
La presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), Patricia Suárez, señaló que la sentencia confirma que «de nada le ha servido a las entidades financieras la publicación diferenciada de los tipos de interés por el Banco de España porque el Supremo considera que sigue siendo desproporcionado para el cliente«. Además, desde la asociación defienden que el problema de las tarjetas revolving no es solo de usura sino de falta de transparencia, en tanto que la manera de amortizar la deuda es «realmente farragosa» y no es fácil de comprender para un consumidor medio. Asufin ya prepara demandas colectivas y particulares para defender a los usuarios.
Por su parte, Adicae llama a la acción para tomar medidas contra los bancos y las entidades de crédito que comercializan estas visas. La asociación va a iniciar una campaña por todo el territorio español para que los consumidores se unan contra este tipo de producto. Asimismo, ha asegurado que activará medidas de acción colectiva para la presentación de reclamaciones extrajudiciales, así como la vía judicial con demandas colectivas contra aquellas entidades que no asuman de forma inmediata y práctica los principios de la sentencia.
Fuente: El Economista